La subadministradora del Canal de Panamá, Ilia Espino de Marotta, sostuvo un encuentro informativo con los obispos panameños en la sede de la Conferencia Episcopal, el pasado 1 de julio de 2025, donde presentó una actualización detallada del Plan de Reasentamiento relacionado con el futuro proyecto hídrico y los pasos siguientes tras la finalización del censo comunitario.

Durante la conversación, Espino de Marotta explicó que ya están conformadas siete de las nueve plataformas de participación comunitaria, y que el proceso avanza con espacios abiertos para dudas, recomendaciones y diálogo con las comunidades afectadas. Subrayó que el nuevo lago ocuparía solo el 8% del territorio de influencia y menos del 1% de cada provincia involucrada, y que el proceso de reubicación no será impuesto, sino consensuado. “Las familias decidirán a dónde desean trasladarse, ya sea como comunidad o individualmente, según sus vínculos familiares o preferencias”, aclaró.

Se recalcó que el proceso de reasentamiento se extenderá hasta 2029, comenzando paulatinamente con las áreas de mayor prioridad, conforme a los avalúos realizados a valor de mercado de tierras, viviendas y cultivos. También se explicó que la consulta pública del Estudio de Impacto Ambiental se encuentra en etapa de contratación, luego de haberse completado la línea base ambiental entre 2017 y 2019, lo cual permite evaluar la viabilidad del proyecto.

La subadministradora destacó la importancia de mejorar la comunicación y contrarrestar información errónea sobre el proyecto. Reiteró que el Canal de Panamá ya cuenta con siete oficinas comunitarias abiertas para atención directa a la población. Además, recordó que el 50% de la población nacional consume agua proveniente de los lagos del Canal, por lo que este proyecto responde a una necesidad urgente ante el impacto del cambio climático y la sostenibilidad del recurso hídrico.

Los obispos compartieron recomendaciones especialmente en materia de diálogo, comunicación local y acompañamiento de las familias impactadas.

Panamá, 1 de julio de 2025


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